En el caso más importante relacionado con el aborto en veinte años, la Corte Suprema falló, en una decisión 5-3, que el estado de Texas no puede imponer cargas onerosas a las clínicas de abortos.
Whole Woman’s Health impugnó dos disposiciones de la ley de Texas, HB2, que impone regulaciones específicas a los doctores y centros que proveen abortos. Una requiere que los doctores tengan el privilegio de admitir pacientes en un hospital ubicado a menos de 30 millas, otra requiere que las clínicas de abortos cumplan con los estándares de un centro quirúrgico ambulatorio. Ambas son prohibitivamente costosas y medicamente innecesarias.
No existe evidencia médica que apoye ninguno de estos requisitos. Fueron realmente diseñados para cerrar las clínicas que proveen servicios abortivos.
La Corte Suprema escuchó los argumentos orales de este caso en marzo. La votación fue 5-3, lo que significa que la presencia del Juez Scalia no hubiera afectado el resultado. Este fallo es una victoria de proporciones históricas para los defensores del derecho al aborto. Las clínicas en Texas ahora pueden permanecer abiertas y leyes similares en seis estados sureños y en Wisconsin probablemente también serán permanentemente anuladas.
La Corte Suprema ha sostenido durante las últimas décadas que la ley coloca una carga indebida e inconstitucional que obstaculiza el acceso de una mujer al aborto si la ley tiene el propósito o efecto de obstaculizar substancialmente el camino de una mujer que solicita un aborto antes de que sea viable.
Aquí en California, nuestro estado está a la cabeza de la nación al asegurar que todos los residentes de California tengan igual acceso a servicios de salud reproductiva y sexual, incluyendo abortos, anticonceptivos a precios accesibles y cuidado prenatal.
La lucha de la ACLU para proteger la capacidad de una mujer de obtener un aborto si lo necesita no ha terminado. Solo en los últimos cinco años, políticos de todo el país han aprobado sigilosamente más de 300 restricciones que obstaculizan el acceso al aborto.
Hace mucho tiempo los políticos debieron haber dejado de interferir en una decisión que le pertenece únicamente a la mujer, a su familia y a su médico.
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