SACRAMENTO – El Senado del Estado de California votó hoy para enviar el Proyecto de Ley de la Asamblea AB 2466 (Weber, D-San Diego) al Gobernador para revocar una discriminatoria restricción electoral que es un remanente de la era de Jim Crow, en la que los estados hicieron que fuera más difícil para los ciudadanos de raza negra y para los integrantes de otras minorías registrarse y votar.
“Durante las dos últimas semanas, los tribunales han estado tomando medidas para dar marcha atrás a las discriminatorias leyes electorales promulgadas en Carolina del Norte, Wisconsin, Texas y Kansas”, expresó la autora del AB 2466, la Asambleísta Shirley Weber. “Pero mientras la atención nacional se concentra en unos cuantos estados, muchos no se dan cuenta de que los votantes de color de California han sido afectados en años recientes por nuevas restricciones a su derecho al voto. Redacté el AB 2466 porque quería enviar un mensaje a la nación diciendo que California no aceptará la discriminación electoral.”
Como consecuencia de las acciones tomadas por funcionarios del estado durante los últimos 10 años que limitan el derecho al voto de las personas condenadas por delitos graves, el AB 2466 codifica recientes decisiones de la corte que reafirman el derecho al voto de las personas que están cumpliendo una sentencia por un delito de bajo nivel y establece, de una vez por todas, quién puede y no puede votar tras una condena penal en California.
“Muchos californianos creen que cualquier contacto con el sistema de justicia penal implica que han perdido su derecho a votar”, expresó Dorsey Nunn, director ejecutivo de Servicios Legales para Prisioneros con Hijos. “Debemos informar a quienes tienen antecedentes penales y a la comunidad general cuál es el estado de la ley vigente y esforzarnos por mantener a la mayor cantidad de personas posibles conectadas con sus comunidades. Incluso si una persona tiene antecedentes penales, su familia, amistades y la comunidad necesitan que él o ella siga participando activamente en la democracia. Debemos exhortar a quienes están dispuestos a reintegrarse a la sociedad a que lo hagan por completo.”
Solo en California, tres de cada cuatro hombres en prisión son afroamericanos, latinos o asiático americanos. Eso significa que las leyes que privan del derecho al voto a una persona por cometer un delito grave siguen afectando mucho más a los votantes de color. Este excesivo impacto cumple el mismo objetivo básico que las leyes electorales represivas creadas en la era de Jim Crow tras la Guerra Civil: eliminar las perspectivas y deseos electorales de los esclavos liberados y generaciones de personas de color.
“En la actualidad, la confusión alrededor de quién puede votar tras una condena penal hace que miles de californianos que son elegibles para votar sean excluidos de nuestra democracia”, dijo la Asambleísta Lorena González (D-San Diego), quien es coautora de la legislación. “AB 2466 garantiza una mayor participación cívica, especialmente en las comunidades de color, y provee nuevas e importantes herramientas a los funcionarios electorales locales y a la Secretaría del Estado para defender la integridad del padrón electoral y de nuestras elecciones.”
“El voto de la legislatura demuestra que nuestros funcionarios electos quieren estar del lado correcto de la historia y poner fin a esta insidiosa forma de discriminación electoral”, dijo Lori Shellenberger, directora del Proyecto de los Derechos Electorales de la ACLU de California. “También es un voto por la seguridad pública. Cuando permitimos que las personas ejerzan su deber cívico y participen en nuestras elecciones, reducimos la posibilidad de que vuelvan a cometer un delito y hacemos que nuestras comunidades sean más seguras.”
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