En una declaración muy breve, la Corte Suprema de EE.UU. anunció esta mañana que estaba “equitativamente dividida” y, por lo tanto, no podía tomar una decisión en U.S. vs. Texas, el caso en el que el Quinto Circuito bloqueó la orden ejecutiva del Presidente Obama que otorgaba una exención migratoria temporal a los padres indocumentados de ciudadanos y residentes permanentes de EE.UU. que satisfacen ciertos requisitos de elegibilidad.
La ACLU cree que el Presidente tiene el derecho legal de establecer prioridades al aplicar las leyes migratorias. En su orden ejecutiva, está aplicando las leyes existentes y su decisión de postergar estas acciones fue práctica y sensata, además de acorde con otras acciones tomadas por presidentes de ambos partidos a lo largo de generaciones. Desde los años cincuenta, cada presidente de EE.UU. ha otorgado exenciones migratorias temporales a uno o más grupos. La Corte Suprema de EE.UU. consistentemente ha sostenido que la decisión de cómo y cuándo aplicar la ley se encuentra dentro de la autoridad del ejecutivo y que además tiene derecho a ejercer sus facultades discrecionales.
La decisión del Quinto Circuito no cumple con este bien establecido patrón.
La ACLU no ha perdido la esperanza y seguirá luchando por políticas sensatas que mantengan unidas a las familias. Nuestros vecinos, los que asisten a la escuela con nosotros, trabajan con nosotros, de los que aprendemos y quienes nos importan, forman parte vital de Estados Unidos. Debemos rendir honor a nuestro legado de ser una nación de inmigrantes.
Muchos inmigrantes esperaban hoy poder salir de las sombras y poder participar más en nuestras comunidades. Esta es una lucha personal para muchas familias inmigrantes, que no pueden imaginarse dejando atrás todo lo que conocen y aman. Creemos que pronto llegará ese día. La ACLU apoya a aquellos que “anhelan respirar con libertad” y seguirá defendiendo los derechos constitucionales de los inmigrantes, sin importar su estatus.
Este país no se fortalece—y los derechos de todos se ven amenazados—cuando parte de nuestra comunidad se siente insegura o no puede ejercer sus derechos.
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Declaración del director de nuestra oficina nacional del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes.
