WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos emitió hoy una opinión en el caso Zubik vs. Burwell que anula los fallos de los casos previos. También emitió una orden para anular los fallos de las decisiones de todos los casos anticonceptivos en los que las órdenes de avocación (certiorari) estaban pendientes.
“Nos decepciona que la Corte haya optado por no emitir una opinión hoy que resolviera de forma concluyente esta disputa y asegurara que las mujeres reciban cobertura de salud que incluya atención anticonceptiva sin más demoras”, dijo la Directora Legal Adjunta de la ACLU, Louise Melling. “Sin embargo, nos sentimos optimistas de que las cortes fallarán a favor del acceso de las mujeres a la atención a la que tienen derecho bajo la ley federal y que la corte máxima solucionará esta situación de una vez por todas del lado correcto de la ley y de la historia. La libertad religiosa no incluye el derecho a discriminar contra las mujeres.”
El caso fue llevado ante el tribunal por organizaciones sin fines de lucro con afiliación religiosa que objetan, en base a su religión, los requisitos de la Ley de Atención Asequible que establecen que las compañías de seguros de salud deben cubrir los anticonceptivos y definen el proceso a través del cual estos empleadores pueden optar por no proveer la cobertura. Nueve tribunales de circuito han abordado este argumento ante la Corte—el proceso para optar por no proveer la cobertura viola la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés). Ocho, incluyendo los cuatro tribunales de circuito que fallaron en los casos presentados ante la Corte, han rechazado el argumento.
Una organización sin fines de lucro con afiliación religiosa o una corporación con fines de lucro estrictamente controlada puede en la actualidad presentar una objeción ante su aseguradora o ante el gobierno federal. La compañía de seguros debe en este caso cubrir directamente los anticonceptivos de los empleados a través de un plan de seguros independiente. Zubik v. Burwell consolida siete casos provenientes de tribunales menores. Este caso es el único en el que las instituciones siguen argumentando que sus creencias religiosas les dan derecho a discriminar o denegar sus servicios. Solo en el 2016, más de 100 proyectos de ley fueron presentados en las legislaturas del estado que amenazan con permitir que los funcionarios públicos y empresas rechacen a la gente solo por ser quienes son.
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