SACRAMENTO–El Proyecto de Ley del Senado 1286, introducido por el Senador Mark Leno (D-San Francisco) y co redactado por los Senadores Holly Mitchell (D-Los Ángeles), John Moorlach (R-Costa Mesa) y la Asambleísta Shirley Weber (D-San Diego), fue retenido en el Comité de Apropiaciones del Senado el día de hoy.
SB 1286 hubiera sacado a la luz pública la forma cómo los departamentos manejan los casos confirmados de mala conducta y de grave uso de la fuerza. California, líder nacional en la defensa y expansión de los derechos de sus residentes, sorprendentemente es uno de los estados que guarda más sigilo en lo que respecta a hacer pública información básica de cómo los departamentos investigan y abordan la mala conducta de los oficiales de paz, incluyendo el uso de perfiles raciales, conducta sexual inapropiada y tiroteos en los que interviene la policía. Por otro lado, estados como Texas, Kentucky, Utah y una docena más, hacen del dominio público los expedientes cuando el departamento descubre que un oficial comete una falta profesional.
“Hoy es un día triste para la transparencia, rendición de cuentas y justicia en California”, dijo Peter Bibring, director de prácticas policivas de la ACLU de California. “El año pasado, 211 personas murieron a manos de la policía en California—más que en cualquier otro estado—y a pesar de esto la ley del estado sigue ocultando de la vista pública todos los hallazgos de la investigación de cada una de estas y de futuras muertes.”
A medida que las comunidades de todo el estado y del país siguen exigiendo reformas significativas, la falta de confianza de la comunidad en los sistemas de rendición de cuentas vigentes ha ido en aumento. Una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew reveló que solo 30% de los estadounidenses y solo 10% de los estadounidenses de raza negra opina que los departamentos de policía están haciendo un buen trabajo al exigir que los oficiales rindan cuentas de su mala conducta.
“La decisión del comité es una bofetada en el rostro de las víctimas de violencia y brutalidad policial”, dijo Mar Vélez, responsable de políticas y campañas organizativas de CURYJ. “Una de las desventajas más grandes que las comunidades enfrentan al solicitar justicia ante la mala conducta y la brutalidad policial es el acceso a información. Mientras el personal policivo que comete la falta disfruta de una exorbitante cantidad de confidencialidad, las comunidades permanecen en la oscuridad.”
De acuerdo al Washington Post, los hombres de raza negra desarmados son siete veces más propensos a morir en tiroteos con la policía que los hombres desarmados de raza blanca, esta es una cifra alarmante.
SB 1286 hubiera garantizado que:
- Los californianos tuvieran total acceso a los expedientes de las investigaciones y acciones disciplinarias en los casos de tiroteos policivos, otras instancias que involucran el uso grave de la fuerza por parte de la policía y casos en los que los departamentos de policía descubren que sus propios oficiales violaron los derechos de los miembros del público.
- Los californianos que interponen quejas alegando que ocurrió una conducta indebida hubieran sabido cómo el departamento abordó la situación. Si la queja se rechaza, hubieran sabido porqué. Si hubiera sido corroborada, hubieran sido informados de la acción correctiva tomada.
- Los entes civiles de supervisión y los gobiernos locales hubieran tenido acceso a los expedientes de los departamentos de policía necesarios para cumplir con sus funciones y hubieran estado bajo la obligación de mantener confidencial el contenido de los mismos.
- La privacidad y seguridad de los oficiales hubiera estado protegida permitiendo que los tribunales mantuvieran la confidencialidad de los expedientes si un oficial o alguna otra persona corre peligro o si divulgar la información hubiera sido una invasión injustificada de la privacidad de los oficiales.
SB 1286 fue copatrocinada por la ACLU de California, la Asociación de Editores de Periódicos de California, CURYJ, PICO California y la Coalición Justicia Juvenil.
