SAN DIEGO—Esta semana, un tribunal federal de distrito permitió que procediera una demanda colectiva que impugna el confinamiento en condiciones perjudiciales e inconstitucionales por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
En Jane Doe, et al. vs Johnson, et al., el tribunal certificó a un grupo de demandantes para que incluyera: “Toda persona que está o que en el futuro estará detenida por una o más noches en las instalaciones de la CBP dentro del Sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza”. Este grupo de miles de detenidos pasados y futuros incluye traumatizados solicitantes de asilo y madres de infantes y niños pequeños detenidos por la CBP. El Sector de Tucson abarca la mayor parte de Arizona, desde la frontera con el estado de Nuevo México hasta la frontera con el Condado de Yuma.
El tribunal rechazó los intentos del gobierno de desestimar a los representantes del grupo y sus reclamos constitucionales. Estableció que las dos mujeres que representan al grupo fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza en el Sector de Tucson cuando la demanda fue interpuesta en junio del 2015 y que claramente tenían fundamentos para presentar la demanda.
El tribunal también determinó que los demandantes habían expuesto suficientes evidencias en su demanda para respaldar la impugnación constitucional de las condiciones perjudiciales de la detención. Como resultado, el caso procederá y la CBP tendrá que tratar de demostrar públicamente que estas condiciones fueron apropiadas y necesarias.
En nombre del grupo de demandantes, los abogados de la firma Morrison & Foerster LLP, el Consejo de Inmigración de Estados Unidos, el Centro Legal de Inmigración Nacional, la ACLU de Arizona y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco afirman en la demanda que la Patrulla Fronteriza detiene a las personas en condiciones perjudiciales y degradantes, incluyendo:
- Albergar a las personas durante varios días en celdas abarrotadas y sucias diseñadas para detener a personas por unas cuantas horas;
- Mantener las luces encendidas de día y de noche
- Despojar a los inmigrantes de las capas externas de ropa y someterlos a temperaturas extremadamente bajas
- Privar a las personas de camas, ropa de cama, descanso, suficiente comida, agua, exámenes médicos al llegar y artículos sanitarios e higiénicos básicos, tales como jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales y duchas.
“Consideradas como verídicas, estas y muchas otras acusaciones similares que aparecen en la demanda demuestran que los demandantes han sufrido o que los miembros putativos de la demanda colectiva son propensos a sufrir de la privación de suficiente descanso, condiciones sanitarias, atención médica, comida, agua y calefacción en las instalaciones del Sector de Tucson de la CBP tal como declaran los demandantes”, redactó el tribunal de distrito en el fallo de la moción interpuesta por el gobierno para desestimar el caso.
“Las arduas condiciones que tuvieron que soportar los demandantes individuales representan la experiencia de miles que han sido y siguen siendo detenidos”, expresó Nora A. Preciado, abogada del Centro Legal de Inmigración Nacional. “Gracias a la valentía de estos demandantes, muchas otras personas estarán representadas y se verán afectadas por este caso en el futuro”.
“Los migrantes civiles detenidos en el sector de Tucson tienen que soportar condiciones horrorosas”, dijo Dan Pochoda, abogado principal de la ACLU de Arizona. “Sin la intervención del tribunal, la Patrulla Fronteriza seguirá violando la ley de EE.UU. y las leyes internacionales e ignorando los derechos y el bienestar de miles de personas sin tener que rendir cuentas de sus actos.”
“Gracias a la decisión, ahora podemos enfocarnos en compilar un registro y documentar las abominables condiciones que los detenidos deben soportar para poner fin a estas condiciones de una vez por todas”, dijo Mary Kenney, abogada principal del Consejo de Inmigración de Estados Unidos.
“Estos fallos son significativos”, dijo Colette Reiner Mayer, socia de Morrison & Foerster. “Ahora el gobierno debe responder a la voluminosa evidencia de la sistémica violación de los derechos civiles en los centros de detención de Arizona. Esperamos con ansias la resolución de nuestra moción para obtener un mandato judicial preliminar para que el grupo pueda comenzar a obtener alivio.”
Mientras luchan por obtener alivio a las condiciones de detención inconstitucionales, los demandantes también siguen luchando contra los esfuerzos del gobierno de ocultar las condiciones de la detención. Los demandados han entregado a los demandantes, a través del descubrimiento, registros escritos y grabaciones que ilustran el cruel trato que reciben las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza. El gobierno está luchando para mantener estos documentos bajo sello y bloquear la capacidad de los demandantes de compartir esta información con un público más amplio.
La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito de Arizona.
Para información adicional del caso, incluyendo la demanda, respuestas a preguntas frecuentes y una hoja informativa acerca de la información FOIA de los centros de detención de la Patrulla Fronteriza, oprima aquí.
Los fallos del lunes están disponibles aquí y aquí.
