El presupuesto del estado propuesto por el gobernador revelado el día de hoy incluye los ahorros derivados de la Proposición 47 calculados por el Departamento de Finanzas. Se calcula que durante el Año Fiscal 2015-16, los ahorros serán de $29.3 millones, mucho menos que todos los cálculos anteriores y a pesar de la evidente reducción en encarcelamiento de quienes cometieron delitos de bajo nivel en el 2015 y años anteriores. Los cálculos anunciados hoy reflejan una decisión esencialmente política que computa los ahorros de forma que el dinero de los contribuyentes permanezca dentro del sistema penal—violando la intención de la Proposición 47.

Aprobada por una mayoría del 60% en noviembre de 2014, la Proposición 47 requiere que todos los ahorros derivados de la reducción en costos de encarcelamiento sean reinvertidos en las comunidades para abordar problemas sociales como enfermedades mentales, abuso de sustancias y ausentismo escolar. En lugar de hacerlo, el borrador del presupuesto anunciado hoy resta varios gastos de los ahorros de la Proposición 47, incluyendo costos en los tribunales y de supervisión.

La Proposición 47 redujo seis delitos de drogas y contra la propiedad de bajo nivel de delitos grave a delitos menores en noviembre de 2014. Tras la aprobación de la Proposición 47, los tribunales decretaron resentenciar y liberar a más de 13,000 prisioneros de la prisión estatal. Las personas condenadas por delitos menores ahora son detenidas a nivel del condado en lugar de cumplir una sentencia por un delito grave en la prisión estatal. El borrador del presupuesto del gobernador proyecta que la población diaria promedio del sistema carcelario estatal se reducirá en unas 4,700 personas como resultado de la Proposición 47.

Es descabellado y falso decir que la Proposición 47 no ha reducido significativamente el costo carcelario en el estado. La intención del gobernador de mantener los ahorros de la Proposición 47 dentro del sistema penal en lugar de reinvertirlos en las comunidades refleja una discordancia entre los votantes y el gobernador. Esta violación de la intención de los votantes debe ser subsanada antes de finiquitar el presupuesto del estado este verano.

Esta declaración puede atribuirse a Margaret Dooley-Sammuli, Directora de Justicia Penal y Políticas de Drogas de la ACLU de California.