Declaración de la ACLU por
Norma Chavez-Peterson
Directora Ejecutiva de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial
Al Consejo de la Ciudad en cuanto al estudio de SDSU sobre los datos del control de tránsito de SDPD
Buenas tardes, presidente del Consejo Cole y miembros del Consejo de la ciudad. Mi nombre es Norma Chavez-Peterson. Soy la directora ejecutiva de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial. Les agradezco la oportunidad de comparecer ante ustedes.
Estoy en particular agradecida que el Comité de Seguridad Pública y Barrios Vivibles (PSLN por sus siglas en inglés) hubiera votado el año pasado por referir este tema al Consejo general con una moción bien considerada cuya intención fue situarnos para emprender acciones positivas.
Espero que hoy continúe aquel movimiento hacia adelante. Pido que el Consejo emprenda pasos inmediatos para asegurar que todo residente de San Diego reciba trato justo y equitativo de la policía, porque tal es su derecho constitucional.
Estamos al final del comienzo.
El estudio realizado por la San Diego State University (SDSU por sus siglas en inglés) presenta hallazgos preocupantes sobre la injusticia, y si bien pueden darse críticas referente a la metodología del estudio, todos podemos acordar en que sí existen disparidades.
Contamos con una buena fundación para realizar cambios: el estudio incluye varias recomendaciones sólidas; existen buenas prácticas a partir de las conversaciones que se realizan a nivel nacional; y aquí en California tenemos a nuestra disposición una nueva ley prometedora, la Racial and Identity Profiling Act (Ley contra el uso de perfiles raciales y de identidad), para ayudarnos a fortalecer la calidad de las agencias del orden para todos los residentes de San Diego.
La ACLU llega hoy a esta reunión no para atacar a los agentes de la policía de San Diego ni para menospreciar la importancia de su labor diaria sino que viene a abogar por el comportamiento justo y constitucional de la policía. Viene para alentar al alcalde, al jefe de policía Zimmerman, y a cada uno de ustedes a propiciar liderazgo impactante al llevar a cabo las recomendaciones que propone el estudio.
Estamos ante un momento clave.
Creemos necesario hacer un seguimiento continuo de la cultura, las prácticas y las políticas del Departamento de la Policía de San Diego (SDPD por sus siglas en inglés) para identificar y desmantelar aquello que contribuyera a un comportamiento prejuicioso y al uso de perfiles raciales. Creemos que la ciudad debe tomar acciones concretas sin demora, y ofrecemos las recomendaciones a continuación:
- Comenzar a recopilar los datos que requiere la Racial and Identity Profiling Act de 2015 inmediatamente después que se finalicen los reglamentos, incluyendo los puntos de datos que recomiendan los autores del estudio realizado por la SDSU.
Como indicó la presentación del Departamento, se está creando una base de datos en la cual las agencias del orden pueden optar participar. La creación de esta base de datos no implica que el SDPD adopte una actitud de “esperar y ver”.
Los servicios de información, California Justice Information Services (CJIS) está desarrollando software que pueden usar las agencias del orden para recopilar información que requiere la nueva ley estatal. Sin embargo, los CJIS han dicho públicamente que las agencias del orden no deben esperar al último minuto para comenzar a evaluar cuáles son las mejoras que pudieran necesitar sus sistemas internos.
Sería importante aprender hoy del jefe de policía:- ¿Cómo se está preparando el SDPD para cumplir con la nueva ley?
- ¿Qué trabajo se ha realizado hasta la fecha?
- ¿Qué conversaciones ha tenido con los CJIS referente a la base de datos, y cualquier información sobre la fecha prevista de finalización de la base de datos del estado?
- ¿Está el SDPD pensando utilizar la base de datos de los CJIS?
- Nuestra segunda recomendación es la de requerir que se presente cada año un informe independiente sobre el impacto racial al Consejo de la ciudad, el cual analice la información recopilada bajo la Racial and Identity Profiling Act. Tal informe debe incluir información sobre quejas de prejuicio racial y los resultados derivados de estas quejas, así como cualquier acción propiciada por el SDPD por mitigar el prejuicio racial.
- Uno de los hallazgos de mayor preocupación del informe es la disparidad entre los cacheos. Es casi dos veces mayor la incidencia de cacheo de personas negras y latinas y es menos probable que carguen con contrabando. Nuestra tercera recomendación requeriría que un agente de la policía obtenga consentimiento por escrito que incluya información sobre el derecho del individuo a negarse o a revocar el consentimiento en cualquier momento, para realizar cacheos consensuales. El Task Force on 21st Century Policing (Grupo de Trabajo sobre Agencias del Orden del Siglo XXI) ofrece una recomendación similar referente a los cacheos consensuales.
En cuanto a los cacheos consensuales, también nos gustaría ver que se requiera que el SDPD obtenga una orden para poder recolectar el ADN de un niño o de un adulto. Y que se establezcan claras limitaciones referentes a cuánto tiempo se puede retener esta información. No existe razón que justifique la recolección de ADN de los niños sin antes obtener una orden de un juez.
- Otra disparidad preocupante que sale del informe se refiere a las entrevistas en el campo. Hay una probabilidad casi tres veces mayor que sean entrevistados los negros en el campo que los blancos, sin embargo es menos probable que carguen con contrabando. Dadas estas marcadas disparidades, es importante que el SDPD cambie su enfoque en cuanto a las entrevistas de campo.
Nuestra cuarta recomendación es que los agentes de la policía den el aviso a los individuos que se requiere su consenso al realizar una entrevista de campo, y que pueden irse si así lo desean. Para realizar una entrevista de campo, primero se debe obtener el consentimiento por escrito del individuo.
- El estudio de la SDSU recomienda que el SDPD desarrolle una política referente a cómo se realizan los controles de tránsito. Nuestra quinta recomendación es para apoyar la recomendación de la SDSU – y que también sea elemento clave de esta política la prohibición de los controles con pretexto.
Nos gustaría ver que el Consejo mande que el jefe de la policía presente la propuesta de políticas del SDPD a los interesados en la comunidad, incluyendo a los entes de la Community Review Board on Police Practices, a la Citizens’ Advisory Board on Police/Community Relations, y a la Gang Commission para recibir sus recomendaciones; y volver ante el Comité de Seguridad Pública y Barrios Vivibles con una política que pueda revisar para junio del 2017.
- Nuestra sexta recomendación aborda temas de rendimiento de cuentas. Todos comprendemos que una política que no se implemente carece de valor, y que es crítico el rendimiento de cuentas para una implementación efectiva. Apoyamos la recomendación propuesta por el estudio que el SDPD integre datos de controles de tránsito al Sistema de Intervención Temprana.
- Nuestra séptima recomendación es la de apoyar el llamado que hace el estudio por hacer pública la información como parte del Portal Abierto de Datos de la ciudad.
- Nuestra octava y última recomendación es que el SDPD, de forma regular, informe al Comité PSLN sobre su progreso hacia la implementación de las recomendaciones del estudio, y sobre cualquier otro paso que haya dado por resolver las disparidades identificadas.
De nuevo, la ciudad de San Diego ha llegado al final del comienzo.
Hemos llegado al final de la incertidumbre, de cuestionar si es cierto que nuestro departamento de policía trata de manera diferente a las personas negras y de tez oscura. Compartimos la comprensión que sí existe prejuicio en el comportamiento de la policía – y que tenemos las herramientas para abordarlo.
Ha llegado el momento que la ciudad de San Diego tome acción para asegurar la justicia para todos sus residentes.
Gracias.
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