NUESTROS MÁS GRANDES LOGROS
California ahora cuenta con algunas de las protecciones más sólidas del país contra la vigilancia policial con fines de lucro
Trabajando con una amplia coalición de organizaciones que luchan por la justicia racial, los derechos de los inmigrantes, laborales y libertarias civiles, patrocinamos el proyecto de ley del senado 443 (SB 443) y logramos que fuera aprobado. El proyecto de ley frena los abusos en el decomiso de bienes civiles.
Durante años, la policía de California ha usado la ley federal para arrebatar y quedarse con una parte del dinero o la propiedad de alguien sin que esa persona haya sido condenada, acusada o incluso arrestada por cometer un delito. Esto hace que la balanza se incline del lado de las ganancias, no de la justicia.
Gracias a la SB 443, a menos que alguien haya sido encontrado culpable de un delito, la policía no puede usar la ley federal para quedarse con una parte de los bienes que decomisan, tales como casas, terrenos, automóviles, etc. El mismo requisito se aplica a los casos que involucran menos de $40,000 en efectivo. Al frenar el incentivo económico para “vigilar con fines de lucro”, la ley se asegura que la propiedad y el dinero personal de las personas ya no esté en juego.
Mientras otros estados promulgaron leyes electorales discriminatorias, California se resistió a esta tendencia
Privar a la gente de su derecho al voto por ser encontrados culpables de un crimen era el sello del notorio periodo Jim Crow: la intención era quitarles el poder político a las personas de color. Desafortunadamente, esta práctica persiste en nuestros días en todo el país.
AB 2466 coloca a California del lado correcto de la historia y asegura que quienes son elegibles para votar, puedan hacerlo. Después de una década de litigios y de defensa y promoción de la causa, esta nueva ley aclara, de una vez por todas, que solo quienes están cumpliendo una sentencia en una prisión estatal o están bajo libertad condicional, pierden temporalmente el derecho a votar.
Mientras otros estados aprobaron una variedad de leyes para suprimir al electorado que tuvieron un impacto negativo sobre las personas de color y los pobres, esta ley crea una democracia más inclusiva y robusta.
California aborda las condenas erróneas
En el 2015 se estableció un record en la cantidad de exoneraciones que ocurrieron en todo el país, con la exoneración de 149 personas hasta la fecha. Afortunadamente, California tomó pasos proactivos para evitar que estas dañinas injusticias fueran permanentes.
Bajo la SB 1134, alguien que ha sido condenado erróneamente tiene la posibilidad de que se le otorgue una nueva audiencia (o tal vez hasta un nuevo juicio) en base a nueva evidencia descubierta que potencialmente pueda comprobar su inocencia. California previamente tenía un estándar irrazonablemente alto para comprobar la inocencia en base a nueva evidencia.
Otra nueva ley, AB 813, permitirá que las personas e inmigrantes inocentes que están en peligro de ser deportados puedan impugnar legalmente las condenas que no son válidas incluso si ya no se encuentran detenidos. En la actualidad, solo las personas que se encuentran cumpliendo una sentencia o están bajo libertad condicional o probatoria, pueden impugnar su condena y solicitar que sea evaluada por un tribunal. Cuando alguien ha sido liberado, no puede impugnar dicha condena – incluso si se descubre nueva evidencia que compruebe su inocencia. Esta laguna en la ley ha tenido efectos particularmente devastadores en los inmigrantes que han sido condenados erróneamente o se han declarado culpables de un delito sin saber que al hacerlo podrían ser deportados.
Finalmente, con la SB 1389, la policía tendrá que grabar electrónicamente los interrogatorios de cualquiera que sea sospechoso de homicidio para brindar protección contra confesiones falsas. Tenemos la esperanza de que esto ayude, en primer lugar, a evitar las condenas erróneas.
California a la delantera en la protección del debido proceso y limitación de los abusos de ICE
Durante años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha empleado dañinas tácticas a nivel local, estatal y federal para canalizar a la mayor cantidad de inmigrantes posibles hacia su inhumana y descontrolada máquina de deportación.
La Ley TRUTH (AB 2792) de California pone vital información “conoce tus derechos” en las manos de los miembros de la comunidad inmigrantes detenidos en las cárceles locales y en las de los que están en la mira de ICE. La ley garantizará el “derecho a saber” si ICE tiene se está enfocando en miembros de la comunidad en las cárceles y el “derecho a decir no” a los interrogatorios abusivos en los que los agentes de inmigración coaccionan, intimidan y violan los derechos fundamentales de los inmigrantes.
NUESTRAS MÁS GRANDES DECEPCIONES
Aunque tuvimos varios éxitos este año, también nos entristeció ver la muerte en la Legislatura de dos importantes proyectos de ley patrocinados por la ACLU.
Expedientes de la mala conducta policial seguirán siendo secretos
Mientras El Cajon, Los Ángeles, Sacramento y un sinnúmero de otras ciudades se estremecen debido a escándalos que involucran la mala conducta policial, California todavía es uno de los estados más herméticos en lo que respecta a hacer públicos los expedientes de mala conducta policial.
Mientras los oficiales abusen de su poder, el público tiene pleno derecho a saber todos los hallazgos de las investigaciones de su mala conducta. SB 1286 hubiera levantado el velo de la reserva policial, pero la Legislatura de California no permitió que la medida avanzara debido a intensa presión de los cabildos de las autoridades. Volveremos a intentarlo en el 2017.
Se seguirán suspendiendo las licencias de conducir por falta de pago
Este año, la ACLU y una diversa coalición de organizaciones se unieron para promover la SB 881, un proyecto de ley cuyo objetivo era asegurar que los tribunales y condados no suspendieran la licencia de conducir de alguien que no puede pagar una multa de tránsito. Desafortunadamente, el proyecto de ley fue modificado durante el proceso legislativo.
La nueva ley solo asegurará que el programa de amnistía desarrollado por la Administración Brown actúe como está previsto: ayudar a que los californianos que son demasiado pobres para pagar sus multas de tránsito puedan proseguir con sus vidas, en lugar de condenarlos a un ciclo de multas de tránsito y recargos y a la suspensión de sus licencias.
Aunque la nueva ley es un importante paso, esta ley no ofrece una solución sistémica y duradera. Cuando termine el programa de amnistía el 1 de abril de 2017, el sistema de los tribunales de tránsito seguirá castigando a los pobres por ser pobres y sumiéndolos aún más en la pobreza. Afortunadamente, una coalición de organizaciones legales interpuso la primera demanda en California en junio que impugna la suspensión de las licencias de conducir como medio para cobrar las multas de tránsito pendientes.
Por Natasha Minsker, directora del Centro de Promoción y Políticas de la ACLU de California.
