SACRAMENTO—Hoy el Gobernador Brown firmó una innovadora ley que limita los abusos en el decomiso de bienes civiles en California, lo que representa una significativa victoria para un movimiento más grande que pretende reformar el decomiso de bienes en todo el país. Los legisladores estatales aprobaron el Proyecto de Ley del Senado 443 el mes pasado con un arrollador apoyo bipartidista. La nueva ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2017.
SB 443, promovida por la Senadora Holly Mitchell (D-Los Ángeles) y el Asambleísta David Hadley (R-Torrance), fortalece las protecciones estatales requiriendo una condena en la mayoría de los casos antes de que el estado y las autoridades locales puedan apropiar permanentemente la propiedad de una persona. El requisito de la condena cierra una laguna en la ley que en la actualidad permite que las autoridades estatales y locales eludan la ley estatal en favor de la ley federal, una práctica que abre la puerta al abuso.
“Durante años, el abuso en el decomiso de bienes ha afectado a personas inocentes de todo el país, especialmente personas de color, inmigrantes y personas de bajos recursos que no pueden pagar para luchar contra el gobierno en los tribunales”, dijo Mica Doctoroff, defensora legislativa del Centro de Defensa y Políticas de la ACLU de California. “SB 443 no solo frena el abuso en California, también ofrece un modelo de soluciones funcionales para otros estados que buscan reformas. Aplaudimos al Gobernador Brown por firmarla.”
Las leyes federales que regulan el decomiso de bienes civiles permiten que el gobierno decomise la propiedad personal sin necesidad de un arresto o condena, permitiendo que las autoridades retengan lo que decomisan. Pero la ley de California provee mayores protecciones del debido proceso que la ley federal. La ley federal no requiere una condena y coloca la carga de probar su inocencia y luchar para que se les devuelvan sus bienes sobre los propietarios–por cuenta propia. SB 443 restringe que se evada la ley de California sobre el decomiso de bienes. Esta enérgica reforma ofrece un modelo para otros estados que están tratando de abordar dicha evasión.
“Al aprobar la SB 443, California está tratando de cerrar una alarmante laguna que ha permitido que el estado y las autoridades locales acrecienten sus presupuestos”, dijo Lee McGrath, Abogado Legislativo del Instituto para la Justicia. “Requerir una condena criminal en la mayoría de los casos de decomiso es un enfoque sensato para proteger los derechos de los inocentes sin poner en peligro la seguridad pública.”
De acuerdo a un informe de la Alianza sobre Políticas de Drogas, durante los últimos diez años, se han triplicado la cantidad de casos en los que las autoridades estatales y locales evadieron la ley de California y aplicaron en su lugar la ley federal, mientras que la cantidad de casos estatales se mantuvo estable.
“Soluciones como la SB 443 permiten que las comunidades plagadas por la injusticia reciban un poco de alivio”, dijo Zachary Norris, Director Ejecutivo del Centro Ella Baker para los Derechos Humanos. “Las personas de bajos recursos simplemente no tienen los recursos para contratar a un abogado para tratar de que se les devuelva el dinero que ganaron legalmente. Cuando las autoridades decomisan el dinero, se produce una crisis familiar que afecta la renta, comida y todo lo demás.”
Un informe de la ACLU de California reveló que más del 85% de los pagos hechos a las autoridades de California a través de las leyes federales de decomiso beneficiaron a agencias que patrullan comunidades en las que las personas de color representan más de la mitad de la población. Los estudios también han revelado que las personas de color, las personas de bajos recursos y las comunidades inmigrantes corren un riesgo excesivo de que se les decomise su propiedad.
“Agradecemos al Gobernador Brown for firmar la SB 443”, dijo Joseph Villela, Director de Políticas de la Coalición pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés). “Además de proveer el debido proceso a todos los californianos, la aprobación de esta ley restaurará aún más la confianza entre las autoridades y las comunidades inmigrantes.”
Bajo la SB 443:
- Casos federales: Las autoridades estatales y locales pueden solo recibir una parte de los bienes decomisados si existe una condena subyacente o si se decomisan $40,000 o más en efectivo. Menos de $40,000 en efectivo requieren una condena, al igual que los vehículos, embarcaciones, casas y otros tipos de propiedad personal sin importar su valor;
- Casos estatales: Menos de $40,000 en efectivo pueden solo ser decomisados si existe una condena subyacente, aumentando el límite de $25,000 que existe en la actualidad. Embarcaciones, vehículos y casas siguen requiriendo una condena sin importar su valor.
SB 443 es copatrocinada por la ACLU de California, CHIRLA-Coalición pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, la Alianza de Políticas de Drogas, el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos y el Instituto para la Justicia.
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