Cada año, la ACLU de California patrocina varios proyectos de ley en la Legislatura de California. ¿Qué significa patrocinar un proyecto de ley? Usualmente significa que colaboramos con otros grupos de defensa y con el autor legislativo para redactar el proyecto de ley y que hemos contribuido con su contenido. También puede que cabildeamos a los legisladores, demos testimonio a favor del proyecto de ley, solicitemos el apoyo de otros grupos, trabajemos con la oposición para abordar sus inquietudes, redactemos hojas informativas y muestras de cartas de apoyo y brindemos apoyo en las comunicaciones y con los medios de comunicación.
Los seguidores de la ACLU también participan en el proceso respondiendo a nuestras alertas de acción y participando en nuestra Conferencia y Día de Cabildeo Anual. Suscríbete para recibir alertas de acción por email para que tu legislador sepa que quieres que apoye los proyectos de ley patrocinados por la ACLU de California.
Los proyectos de ley patrocinados este año
Patrocinamos una amplia gama de temas que afectan a las libertades civiles y los derechos civiles de los californianos.
Estos son los diez proyectos de ley que patrocinamos este año:
Justicia penal
SB 443 (Mitchell)–No más vigilancia policial con fines de lucro: SB 443 es un importante proyecto de ley que ratifica y protege los principios estadounidenses de imparcialidad y debido proceso en California. Durante años, las agencias policiales del estado han aprovechado una laguna legal que les permite quitarle dinero y bienes a la gente y quedarse con parte del botín debido a las leyes de decomiso civil. Establecidas durante el apogeo de la guerra contra las drogas, las leyes de decomiso civil fueron creadas para quitarle el botín a los capos de la droga, pero han sido pervertidas hasta convertirse en un ataque continuo sobre los californianos que no tienen dinero para luchar contra el gobierno en los tribunales, carga que afecta excesivamente a las personas de color de bajos recursos. SB 443 frena el abuso evitando que los agentes puedan decomisar permanentemente el dinero o los bienes de alguien que no ha sido encontrado culpable de un delito.
Es sencillo: Si la persona no es declarada culpable, la policía no puede quedarse con sus cosas.
SB 881 (Hertzberg) – No más licencias suspendidas por no poder pagar una multa: Una multa por una infracción de tráfico en California, tales como un faro trasero que no funciona, placas vencidas o evasión de tarifas, puede eventualmente terminar en la suspensión de la licencia de conducir si alguien no la paga o comparece ante la corte—un castigo excesivo que no encaja con el delito y afecta la capacidad de la persona de trabajar y reparar su error. Los tribunales pueden imponer otras sanciones que no perpetúan el ciclo de pobreza. SB 881 asegura que los tribunales y condados no suspendan las licencias de conducir como medida para cobrar las deudas establecidas por la corte en el caso de infracciones de tráfico que no son una amenaza pública.
SB 1134 (Leno) – Estableciendo un criterio justo para comprobar la inocencia: California cuenta con un proceso excesivamente difícil que hace que sea prácticamente imposible que alguien pueda comprobar su inocencia y ser liberado si es injustamente condenado por un crimen. Las leyes vigentes requieren que alguien que ha sido injustamente condenado compruebe su inocencia de forma fehaciente y contundente o que permanezca encarcelado injustamente a pesar de que se descubra nueva evidencia—incluso si la nueva evidencia revela que la condena nunca debió haber ocurrido. Esta situación plantea un reto excesivo para los californianos inocentes: debe existir evidencia de DNA concluyente o el verdadero culpable debe ser identificado… o permaneces encerrado por un delito que no cometiste. SB 1134 modifica la ley del estado para evitar que alguien que ha sido injustamente condenado demuestre que existe una probabilidad razonable de que el resultado fuera distinto si la nueva evidencia se presentara en un nuevo juicio. Al hacerlo, California se uniría a otros estados que han adoptado medidas similares para mejorar un poquito la justicia de sus sistemas de justicia penal.
SB 1389 (Glazer) – Evitando falsas confesiones y condenas erróneas: Puede ser difícil de creer, pero las confesiones falsas extraídas cuando alguien es interrogado por la policía son la segunda causa más frecuente de las condenas erróneas. Con más de 1,730 exoneraciones en todo el país desde 1989 no podemos, y no debemos, ignorar estas evidentes fallas en nuestro sistema de justicia penal que pueden enviar injustamente a alguien a prisión y arruinar su vida. Para ayudar a evitar estas trágicas consecuencias, SB 1389 requerirá que la policía grabe en video el interrogatorio de toda persona sospechosa de homicidio y, por consiguiente, mejore sus técnicas de investigación criminal, documente confesiones falsas si ocurren, reduzca la posibilidad de condenar a alguien erróneamente y haga que la promesa de imparcialidad y justicia sean más reales en California.
Educación
SB 322 (Leno) – Brindar igualdad de acceso a la educación a todo estudiante: Algunas escuelas chárter de California han implementado políticas de inscripción y disciplina que plantean serias preguntas y nos hacen cuestionar si los estudiantes tienen igual acceso a la educación. SB 322 limita los procesos de admisión que excluyen a los estudiantes debido a sus logros académicos y garantiza protecciones constitucionales durante los procesos de suspensión y expulsión.
Derechos de los inmigrantes
AB 813 (Gonzalez) – Un día justo en la corte para todos: Debido a una decisión de la Corte Suprema de California, las personas que corren peligro de ser deportadas debido a condenas previas no tienen forma de presentarse ante los tribunales para impugnar dichas condenas, incluso si son legalmente inválidas. AB 813 permite que los inmigrantes tengan acceso a los tribunales para poder impugnar la legalidad de sus condenas si ya no se encuentran bajo custodia, dándoles a muchos la oportunidad de ser tratados justamente. Esto evitaría innecesarias deportaciones que injustamente destrozarían a algunas familias.
AB 2792 (Bonta) – Ley TRUTH de California: El gobierno federal históricamente ha engañado al público acerca de sus esfuerzos para enredar a las agencias policiales locales en las deportaciones –con devastadoras consecuencias para las comunidades inmigrantes, las cuales tienen profundas raíces en el tejido social de nuestro estado. La Ley TRUTH sacaría a la luz las prácticas de ICE y permitiría que las comunidades crearan políticas que satisfagan sus necesidades legales. Con más transparencia y rendición de cuentas, California se aseguraría de que las comunidades locales tengan voz–y estén protegidas de estos dolorosos abusos.
Prácticas policivas
SB 1286 (Leno) – Levantando el velo de secretos que oculta las faltas de la policía y el uso de fuerza: SB 1286 es un proyecto de ley razonable que restauraría la transparencia policial en California y aumentaría la rendición de cuentas y confianza en los hombres y mujeres cuyo deber es estar a nuestro servicio y protegernos. La policía tiene mucho más poder que la mayoría de los empleados públicos. Tienen la autoridad de detener, arrestar e incluso matar durante el ejercicio de sus funciones. Como resultado, los contribuyentes tienen más necesidad de saber cómo usan ese poder – mayor necesidad de transparencia y rendición de cuentas que los demás empleados públicos. Pero la ley vigente evita que el público sepa cuando los oficiales, por ejemplo, matan a alguien o han sido acusados de abusar de su autoridad y cometen agresiones sexuales. Al levantar el velo de secretos policiales, SB 1286 empoderaría a las comunidades para que exija que la policía rinda cuentas de sus actos, importante primer paso que permitirá abordar las persistentes sospechas que surgen cuando las decisiones se toman tras puertas cerradas y nunca son reveladas al público o a las víctimas y sus familias.
Justicia reproductiva
SB 23 (Mitchell) – Revocando una política racista, sexista y clasista: Durante más de 20 años, California ha mantenido una fracasada política que niega apoyo financiero a los bebés nacidos cuando sus familias reciben asistencia de CalWORKs para cubrir las necesidades básicas de sus hermanos mayores. Esta injusta política se conoce como la regla Asistencia Familiar Máxima (MFG). Concebida para convencer a las mujeres pobres, particularmente a las mujeres de color, de que tuvieran menos hijos, la regla MFG pone en peligro la salud y bienestar de los bebés nacidos en la pobreza y al mismo tiempo, sigue sumiendo a sus familias en la pobreza. En una época en la que uno de cada cinco niños en California viven en la pobreza, debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que los padres no sean penalizados por sus decisiones al planificar su familia y que ellos y sus hijos puedan vivir vidas seguras, saludables y exitosas. SB 23 permitiría que California se acerque un poco más a esta meta.
Derechos electorales
AB 2466 (Weber & Mitchell) – Forjando una democracia más inclusiva: Desde que se abolió la esclavitud, las leyes que privan del derecho al voto a los condenados por delitos graves han sido usadas para socavar el potencial poder político de los afroamericanos. En California, los derechos electorales de las personas con condenas penales están rodeados de confusión. Esta confusión amenaza la integridad de las elecciones en California y excluye injustamente a votantes elegibles, muchos de los cuales son personas de color, de nuestra democracia. AB 2466 esclarece la ley vigente en California que determina la elegibilidad de los votantes, garantiza un electorado más inclusivo y participativo y da un paso hacia adelante para tratar de poner fin al vergonzoso legado de Jim Crow en nuestro estado.
Por Becca Cramer, Coordinadora Legislativa del Centro para la Promoción y Políticas de la ACLU de California.
