La declaración siguiente puede ser atribuida a Kellen Russoniello, abogado de ACLU del condados de San Diego & Imperial:
Apoyo público para las cámaras se basa en la idea que aporta transparencia y rendición de cuentas. Pero la política propuesta del Departamento del sheriff de San Diego no hace a ninguno.
La propuesta política no especifica las circunstancias en las que el departamento le permitirá al público para ver imágenes de cámara de cuerpo y así no proporciona ninguna garantía de transparencia.
Permitiría a los oficiales que están bajo investigación para revisar imágenes antes de hacer una declaración, partiendo de las mejores prácticas de investigación y socavar la integridad de las investigaciones. Y no ofrece las garantías contra el uso del reconocimiento facial o o de tecnologías de elaboración de datos que las cámaras de cuerpo se convertirían en herramientas para la vigilancia general.
Incluso las finalidades indicadas del programa no hacen ninguna mención de transparencia, rendición de cuentas y confianza de la comunidad.
La ACLU apoya uso de cámaras de cuerpo bajo una política que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. La política interina del Departamento del sheriff de San Diego no cumple esa norma.
