La ACLU de los Condados de San Diego e Imperial está profundamente preocupada debido al incidente que ocurrió ayer en la Preparatoria Lincoln, en el que un oficial de la policía escolar usó una pistola paralizante (taser) contra un estudiante que ahora se enfrenta a cargos en el tribunal de menores y oficiales de la policía de San Diego usaron gas pimienta contra otros estudiantes que protestaban.
Existen versiones contradictorias acerca de qué fue lo que desencadenó el incidente. Tanto estudiantes como maestros han dicho que el oficial de la policía escolar, quien tal vez tiene antecedentes de quejas en su contra, innecesariamente empeoró la situación al singularizar y agredir al estudiante. Otras versiones de los hechos pueden ser distintas.
El hecho es que, en este momento, el público no sabe qué pasó y no deben emitir un juicio apresurado.
Pero, sin importar qué fue lo que pasó, el campus escolar nuevamente fue escena de una acción policiva a gran escala. El enojo y la frustración de los estudiantes ante la acción policiva no se debe únicamente a este incidente. Este incidente emerge del contexto de la excesiva vigilancia policial en las escuelas y comunidades de color.
Ese contexto requiere de una investigación abierta, justa y transparente de los muchos problemas que abarcan más que los hechos exactos de lo que ocurrió en la Preparatoria Lincoln ayer:
- ¿Qué papel les corresponde, si es que lo tienen, a los oficiales de policía escolares? Este incidente nos hace preguntarnos si la presencia permanente de agentes del orden en el campus crea más problemas de los que resuelve, especialmente agravando el “conducto de la escuela a la cárcel”, una inquietante tendencia nacional en la que los niños son canalizados de las escuelas públicas a los sistemas de los tribunales de menores y de justicia penal. Los estudiantes necesitan educación, no ser encarcelados.
- ¿Qué quejas se han presentado contra el oficial de policía escolar y cuál ha sido la respuesta del distrito escolar? Si el oficial ha sido objeto de quejas en el pasado, la falta de transparencia y rendición de cuentas hacen imposible que los estudiantes se sientan seguros en la escuela.
- ¿Tiene cabida este caso en el sistema judicial? Sabemos que el estudiante que fue agredido no tiene antecedentes disciplinarios ni ha tenido problemas con la ley. Incluso si existe una base legal que justifique la acción judicial, el distrito escolar, el departamento de policía y la fiscalía deben considerar opciones alternas.
- Solicitamos que el Distrito Escolar (SDUSD) haga del dominio público el video de las cámaras de vigilancia y que se comprometa a trabajar con los estudiantes, padres de familia y dirigentes de la comunidad para fortalecer la confianza y colaboración entre todos los afectados por este trágico incidente.
Nos hemos comprometido a trabajar con el Distrito Escolar Unificado de San Diego, las agencias de la ley locales, funcionarios electos y con la comunidad para hacer todo lo posible para asegurar que este tipo de incidente se evite proactivamente, que nuestras escuelas públicas sean entornos educativos seguros en donde se inviertan recursos en justicia reparadora y para garantizar que los estudiantes reciban igual acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar plenamente su potencial humano.
La ACLU de San Diego seguirá investigando el incidente y está solicitando reportes y videos de toda persona que haya sido testigo o haya sido víctima de las acciones de la policía durante el incidente. Si tienes información de lo que ocurrió ayer, por favor comunícate con nosotros aquí o llama al 619.232.2121.
