SAN DIEGO – Después de que la policía disparara a un hombre con enfermedad mental que sostenía una pluma y que la fiscalía decidiera no presentar cargos contra el oficial, la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial recopiló una lista de incidentes inquietantes que sugieron el patrón y la práctica del Departamento de Policía de San Diego de manejo indebido de casos que implican a personas que padecen de enfermedades mentales o quienes están en medio de una crisis de salud mental. Debido a los perturbadores patrones que surgieron, la ACLU de San Diego y 25 organizaciones de derechos civiles y servicio social enviaron hoy una carta a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia solicitando que investiguen múltiples incidentes en los que el departamento hizo uso excesivo de fuerza.
La serie de incidentes detallados en la carta de la ACLU demuestran el cuestionable uso de fuerza letal por parte del Departamento de Policía de San Diego e indican que muchos incidentes escalaron innecesariamente con trágicos resultados.
“Que estos incidentes letales sigan ocurriendo tras la reciente publicación de un informe del Departamento de Justicia que documenta legendarios fracasos en liderazgo y rendición de cuentas en el Departamento de Policía de San Diego, hace que sean más difíciles de ignorar”, expresó David Loy, director legal de la ACLU de San Diego. “El hecho de que estos encuentros violentos ocurrieran durante un periodo de varios años demuestra la incapacidad o resistencia del SDPD de aprender de sus experiencias y tomar medidas para evitar incidentes similares en el futuro.”
La carta fue enviada solo unas semanas después de que Bonnie Dumanis, Fiscal de Distrito de San Diego, se negara a presentar cargos contra el Oficial Neal Browder, quien disparó y mató a Fridoon Nehad, veterano del ejército afgano que padecía trastornos mentales y estrés postraumático tras ser capturado y posiblemente torturado por tropas rebeldes. El Oficial Browder, a quien erróneamente se le informó que Nehad tenía un cuchillo, detuvo su patrulla en un callejón sin activar su sirena, sus luzes o cámara corporal y disparó y mató a Nehad, quien caminaba hacia los faros del automóvil, después de menos de 2 o 3 segundos de llegar al área. El SDPD inicialmente reportó que “un hombre armado con un cuchillo se abalanzó sobre [el oficial] provocando que abriera fuego,” pero el video filmado por una cámara de seguridad cercana refuta sin lugar a dudas esta versión de los hechos.
“Nos complace que la ACLU está pidiendo esta investigación federal del SDPD, que nuevamente no implementó ningún tipo de ajustes razonables al enfrentar a alguien que padece una enfermedad mental”, expresó Benny Roshan, hermana de Fridoon Rawshan Nehad. “Demasiadas familias, como la nuestra, han perdido violentamente un ser querido. El volumen de incidentes sugiere que el SDPD se ha negado a brindar el entrenamiento y recursos necesarios a los oficiales que responden a situaciones que implican a personas con enfermedades mentales para poder prevenir estas tragedias.”
En muchos de los incidentes descritos, los oficiales del SDPD usaron fuerza letal después de haber transcurrido solo unos cuantos minutos de llegar a la escena. El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 requiere que se hagan “adecuaciones razonables” si una persona discapacitada es interrogada o arrestada por los oficiales de policía. Estos tipos de ajustes incluyen: tratar de neutralizar una situación potencialmente violenta, esperar por refuerzos o usar tácticas menos agresivas.
Los familiares de quienes experimentan alguna crisis de salud mental deben estar seguros de que los oficiales no harán algo intencional o que razonablemente puede provocar una respuesta violenta, tal como parece ser el caso en los incidentes descritos en la carta. Principalmente, quienes padecen trastornos mentales, sus familiares y seres queridos, necesitan saber que es seguro pedir ayuda a las autoridades cuando pasan por una crisis.
La carta solicita que el DOJ investigue la causa de los recurrentes incidentes de uso de fuerza contra personas con discapacidades mentales, incluyendo determinar y explorar:
- Por qué la policía inició o agravó las confrontaciones;
- Por qué los oficiales percibieron que ciertos individuos eran una amenaza;
- Si los oficiales recibieron el entrenamiento adecuado en tácticas para neutralizar incidentes;
- Si los supervisores del SDPD reunieron evidencias debidamente e investigaron plenamente los casos en los que se presume el uso excesivo de fuerza;
- Por qué hay contradicciones entre la declaración inicial de los oficiales y otras evidencias;
- Si el SDPD y la Ciudad de San Diego han asignado suficientes recursos para entrenar a su personal para que responda a incidentes que implican a personas con trastornos de salud mental; y
- Si los oficiales han implementado ajustes razonables para las personas discapacitadas antes de emplear fuerza letal o cualquier otro tipo de fuerza.
La carta también solicita que el DOJ brinde asistencia técnica, asesoramiento y orientación a la Ciudad de San Diego para ayudar a aumentar la igualdad, justicia y seguridad pública en todo San Diego.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha llevado a cabo investigaciones similares en Seattle, Cleveland y más recientemente, en San Francisco.
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