OAKLAND – La Unión Americana de Derechos Civiles de California (ACLU) y el Comité de Abogados en Defensa de Derechos Civiles de la bahía de San Francisco (LCCR) hoy presentaron una demanda en contra del estado por privar de derechos civiles a miles de personas al negarles el derecho a votar.
Las acciones del estado violaron la ley estatal cuando la Secretaria del Estado sometió un directivo a oficiales de elecciones del condado en Diciembre del 2011 declarando que personas no eran elegibles para votar si están en “post-release community supervisión” o “mandatory supervisión.” Estas son dos formas nuevas y innovadas de supervisión comunitaria creadas bajo California’s Criminal Justice Realignment Act para personas que recientemente fueron encarceladas por crímenes de bajo nivel, crímenes no violentos y no serios.
La intervención de las cortes es necesaria porque en oficial del estado no debería poder negar el derecho a votar a 60,000 personas con la traza de una pluma.
Michael Risher, un abogado con la ACLU de Norte de California dijo, “California tiene estadísticas deprimentes de inscripción de votantes y participación cívica. La Secretaria del Estado está haciendo esta situación más difícil al negarles el derecho de votar a miles de ciudadanos Californianos que están tratando de reincorporarse en sus comunidades. Con los derechos del votante bajo ataque por toda la nación, y la decisión decepcionante de la Corte Suprema de los Estados Unidos que anulo la fórmula de la ley por la cual se protegía el derecho de votar de minorías raciales y étnicas y de minorías lingüísticas, California necesita más protección – no menos – de los derechos del votante.”
“La ley claramente establece una presunción a favor del derecho de votar, con pocas y especificas excepciones,” dijo Meredith Desautels, abogada del Comité de Abogados en Defensa de Derechos Civiles de la bahía de San Francisco. “La Secretaria del Estado unilateralmente expandió estas excepciones, sin comentario público, negando el derecho de votar de miles de miembros de nuestra comunidad y creando confusión al derredor de los derechos de votar de personas que en algún punto habían tenido un encuentro con el sistema de justicia penal. Esta acción inconstitucional que negó los derechos de votar particularmente afecta a minorías, quienes muy frecuentemente están excluidos del proceso democrático.”
En 1974, después de que votantes Californianos aprobaron la proposición 10, la ley estatal estaba clara en que las únicas personas que estaban inelegibles a votar en California eran los que estaban en prisión estatal o en libertad provisional.
